Boletín - Contrato Social por la Educación

VIOLENCIA INFANTIL, OTRA PANDEMIA

La pandemia por COVID-19 desde marzo 2020 cambió la cotidianidad de la población mundial. Cierre de escuelas, educación virtual, teletrabajo y confinamiento, fueron algunas de las medidas tomadas por los gobiernos para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, el confinamiento incrementó la situación de violencia y vulnerabilidad de las familias, especialmente de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador.

Las cifras previas a la pandemia revelaron que el 51% de niñas y niños, de 1 a 5 años, sufrió maltrato físico y el 47.3%, en el mismo grupo etario, sufrió alguna forma de abuso psicológico[i]. Esta problemática se agudizó con el cambio en los procesos de aprendizaje, los nuevos roles asumidos por las familias, la pérdida de empleos y de ingresos económicos en los hogares.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, citados por la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la pandemia se registraron 11 casos de niñas, niños y adolescentes muertos de forma violenta por parte de personas cuidadoras o conocidas[ii]. Por su parte, el Consejo de Protección de Derechos de Quito denunció que cada dos días un niño es abusado sexualmente[iii]

En los meses de enero a junio de 2021, en el ECU 911, se receptaron 53.123 incidentes relacionados con violencia intrafamiliar, la mayor parte contra la mujer, un 3% más que en 2020. Diariamente se reportaron 316 alertas relacionadas con este tipo de agresiones, un promedio mensual de 9.500 llamadas.  Mientras que, de enero a mayo de 2021, se reportaron 714 incidentes vinculados con acoso, violencia, abandono y mendicidad en contra de NNA a escala nacional[iv].

Otro dato alarmante es el aumento del 102% de ingreso de menores a casas de acogida durante la crisis sanitaria. Según registros del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entre las razones por las que los menores fueron separados de sus hogares constan abuso sexual 115, maltrato 59, trata de personas 18 y abandono 65 NNA. Las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Pichincha y Loja reportan las cifras más altas [v]

El trabajo infantil, otra forma de violencia, también incrementó durante la pandemia. Según el INEC, en el año 2020, alrededor de 420 mil NNA se encontraban en situación de trabajo infantil: 5.69% de niñas y niños de 5 a 14 años y 19.78% de adolescentes de 15 a 17 años. El área rural mostró una mayor prevalencia con el 73.5% de NNA dedicados a la agricultura y ganadería.

Por otra parte, la educación cambió drásticamente durante la crisis sanitaria y las cifras no son alentadoras.  La virtualidad se volvió necesaria para continuar con los procesos educativos y representó un desafío no solo para las instituciones escolares, las familias debieron adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza asumiendo el rol de educadoras. Sin embargo, la educación virtual conllevó a la deserción escolar de más de 90 mil estudiantes. Según la encuesta Encovid-EC-2020 el 63% de los casos fue por falta de ingresos económicos, mientras que el 43% lo hicieron por falta de equipos tecnológicos como computadoras [vi].

En el mes de enero de 2021, el Ministerio de Educación informó que alrededor de 5.000 docentes perdieron el contacto con sus alumnos, y 110.000 mil estudiantes no entregaron sus portafolios, un indicador de que no están continuando con sus estudios. Para determinar la cifra real de deserción escolar y medir el nivel de aprendizaje durante los últimos quince meses, el gobierno prepara un censo para conocer la situación de salud física, mental, desarrollo socio emocional y pedagógico de los estudiantes del país[vii]

La salud emocional de niñas, niños y adolescentes también se vio perjudicada, 4 de cada 10 NNA se sintieron muy angustiados o tensionados por la pandemia (ENCOVID-EC 2020).

El Contrato Social por la Educación manifiesta su preocupación por las cifras de violencia infantil y su alarmante incremento en los últimos meses, llama a las autoridades y a la sociedad a tomar acciones inmediatas de prevención y solución de esta profunda crisis social.

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias graves para la salud física, mental y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y su entorno. Las agresiones pueden terminar en homicidios, abusos sexuales, suicidio; en el deterioro de su desarrollo social, emocional y cognitivo; bajo rendimiento escolar que en un futuro se traduce en riesgo de desempleo y pobreza.

Es apremiante la reapertura de las escuelas con protocolos de protección y bioseguridad. La educación presencial debe garantizar un mejor acompañamiento en el proceso de aprendizaje, la reinserción escolar, un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes que necesitan encontrar en sus docentes y compañeros un soporte emocional o de ayuda en casos de violencia intrafamiliar.

Es indispensable el seguimiento y debido acompañamiento a los NNA que han perdido familiares directos o allegados a causa del COVID 19, los decesos pueden impactar en su desarrollo físico y psicológico y llevarlos a experimentar profundas depresiones y cuadros de tristeza.

Es vital activar políticas públicas que erradiquen el trabajo infantil y asegure la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.

La niñez y adolescencia de nuestro país atraviesa una grave vulneración de sus derechos y exige un trabajo conjunto Estado – Sociedad civil para garantizar su protección y pleno desarrollo humano en ambientes de conciliación y respeto.

Ecuador, agosto 2021