La buena educación es clave para el desarrollo de la democracia. Un pueblo más educado es menos vulnerable a la manipulación, al clientelismo y al populismo. La democracia florece en medio de relaciones de un Estado fuerte y eficiente que interactúa y dialoga con una sociedad organizada, crítica y propositiva. Este equilibrio de poderes entre Estado y sociedad garantiza contactos saludables y pacíficos. El desbalance de fuerzas entre estos sujetos deteriora su comunicación y convivencia. El uno domina al otro. El conflicto aparece en beneficio del más fuerte.

A propósito de la consulta popular cabe preguntarse si el “soberano” podrá responder de una manera adecuada a preguntas tan complejas, sobre todo a las que adjuntan unos “anexos” ininteligibles, confusos y de difícil lectura y comprensión incluso para los iniciados en las materias de Derecho.

‘Que hable el soberano”, “el mayor acto de la democracia es dejar que el pueblo se exprese y decida”, “Su voz tiene que ser obedecida”, “las decisiones del soberano son legítimas y legales”, son algunas de las tantas afirmaciones de los voceros oficiales al respecto del tema de la consulta popular en ciernes.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada en segunda por la Asamblea Nacional (en estos días en manos del Presidente) tiene importantes aportes, pero también vacíos y errores. Es una ley que permitirá y obligará a “reorganizar la casa”, tarea enorme, impostergable y necesaria. Mas ayudará a la “reorganización” de la “misma” casa. No facilitará la creación de una “nueva” casa. Es una ley para el corto y mediano plazo. No para el largo plazo, factor central cuando hablamos de educación. Su mirada escolarista no le permite proyectar el desarrollo de la “sociedad educadora”.

El presidente Correa culmina sus cuatro años con altos niveles de popularidad. Varias son las razones de este hecho. Una de ellas es la prioridad gubernamental dada a lo social, en particular a la educación. Eso lo valora la gente: aplaude la política educativa.